La Ley SOPA (Stop Online Piracy Act) es un proyecto de ley
que extiende las competencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos
para combatir el tráfico online de contenidos.
El Stop Online Piracy Act (español: Cese a la piratería en
línea) también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley
presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de
octubre de 2011 por el representante Lamar S. Smith, y un grupo de
copatrocinadores bipartidario formado inicialmente por 12 miembros.
El proyecto de ley extiende las competencias del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los
propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de
contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad
intelectual.
Entre estos se pueden contar, por ejemplo, música o
canciones, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o
falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de
sus derechos de autoría o invención.
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de
derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos
sitios de Internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de
autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones
previstas contra el sitio web podrían incluir:
Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de
facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar
publicidad online.
Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
Requerimiento a los proveedores de internet, para que
bloqueen el acceso a tales sitios.
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no
autorizado de contenidos protegidos por copyright (derecho de copia), y prevé
una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o
películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno.
El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos
proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales
sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño
producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.
Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de la
propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y
que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor,
en particular contra los sitios web extranjeros.
Citan ejemplos como el del acuerdo judicial de 500 millones
de dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su papel en
una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos estadounidenses que alentaba
a los consumidores a comprar drogas de prescripción ilegal en farmacias online
de Canadá. Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la
Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet, y será
una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de
expresión.
El Comité Judicial de la Cámara mantuvo audiencias sobre la
ley SOPA el 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2011.
El comité tiene programado continuar con el debate cuando el
Congreso retorne de su receso invernal.
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